Tierra Comunera pide el No en el Referéndum de la Constitución Europea
La Junta Comunera Nacional de TIERRA COMUNERA (TC), reunida en Madrid el pasado domingo 23 de Enero, y aplicando los acuerdos del VII Congreso Nacional de esta formación castellanista, reunido en Segovia los días 23 y 24 de Octubre de 2004, ha resuelto reclamar a la ciudadanía castellana, que vote NO en el Referéndum sobre el Tratado de la Constitución Europea, que se realizará el próximo 20 de Febrero en el territorio del Estado Español. Tierra Comunera tiene una profunda vocación y convicción Europeísta recogida como uno de los pilares básicos de sus principios ideológicos, donde apostamos abiertamente por la integración de las diferentes naciones de Europa en un espacio común, de democracia, progreso y libertad, para sus ciudadanos y sus pueblos.
Desde esta perspectiva, los hombres y mujeres de TC siempre hemos visto con entusiasmo el proyecto de una Constitución Europea que avance en la unidad de sus pueblos y en la profundización de los valores de progreso, libertad y desarrollo que han caracterizado a Europa, de forma que la Unión Europea se constituya en un referente mundial con políticas activas a favor de la paz, de la solidaridad y el desarrollo de los pueblos, en la extensión de los principios y valores de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos, del respeto y protección del medio ambiente dentro de una estrategia global de desarrollo sostenible, y en la preservación, difusión y conocimiento de todas las culturas desarrolladas por los pueblos de la tierra.
Sin embargo, analizando el Tratado Constitucional que se nos presenta a votación tenemos que reflexionar sobre algunos aspectos que nos parece que lo alejan de ser la verdadera Constitución democrática y social, que desde TC defendemos y que merecemos los Europeos:
1.- La Unión es un proyecto económico, no social: El modelo de Constitución da rango de ley al modelo económico neoliberal que venía desarrollando la UE, avanzando en el plano de la economía financiera, subordinando al mismo cualquier política social o ambiental y persistiendo en el desmantelamiento de los servicios públicos (como se desarrolla en el apartado III de la Constitución). Ofrecen un clarificador contraste el desarrollo y los detallados métodos de llevar a cabo las medidas económicas; frente la descripción genérica y no evaluable de las políticas ambientales y sociales.
Se plantea, por lo tanto, un modelo social débil (el derecho a la salud o a la igualdad son meros objetivos y no valores de la Unión, p.e.) que siempre queda flanqueado por objetivos y principios de carácter neoliberal. Las políticas sociales referidas a seguridad social y protección laboral y social de los trabajadores se ven limitadas por la exigencia de la unanimidad y no se garantizan los mínimos de un estándar social europeo.
2.- Se devalúan los derechos sociales reconocidos en las Constituciones de los Estados de la Unión: La Carta de Derechos Fundamentales es un reconocimiento, en general, por lo bajo de los derechos que se reconocen en los Estados miembros. No plantea la igualdad de género como principio Constitucional. No recoge el derecho al trabajo sino el derecho a trabajar; ni el derecho a una vivienda digna y adecuada sino una simple ayuda en materia de vivienda, ni reconoce plenos derechos de ciudadanía para nacionales de terceros países en situación de residencia, entre otros ejemplos. Mientras los derechos civiles, políticos y patrimoniales se contemplan como verdaderos derechos, los derechos sociales quedan relegados a meros principios.
3.- Es un proyecto alejado del ciudadano y la democracia participativa: La Unión esta conducida por un poder político que se escapa al control democrático de la ciudadanía europea. Las principales instituciones de la UE, como la Comisión (donde los miembros se eligen a dedo por los gobiernos) y el Consejo (formado por los ministros y primeros ministros), toman decisiones sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. Otras, como el Banco Central Europeo, ni siquiera tienen que rendir cuentas a nadie. La única institución donde la ciudadanía europea tiene representación directa, el Parlamento Europeo, apenas tiene poder real. Es decir, que el proyecto de la UE está muy lejos de acercarse a la democracia participativa que anhelamos. Al carecer de control político por parte de la ciudadanía, la UE toma decisiones presionada por las patronales europeas que favorecen sus intereses sin tener en cuenta sus efectos sobre la población y el medio ambiente.
No establece una clara diferenciación de poderes, refuerza la autonomía del Banco Central Europeo y mantiene la preeminencia en la toma de decisiones del Consejo Europeo. El Parlamento Europeo aumenta algo su poder, pero sigue siendo una figura secundaria, lo que se traduce en una democracia parlamentaria ficticia. Desarrolla los mecanismos policiales y de control social al servicio de un previsible aumento de la represión.
Además, las consultas populares sobre el proyecto europeo brillan por su ausencia, llegándose al caso de que la mayoría de Estados no tienen previsto ningún referéndum para aprobar la Constitución.
4. Aumenta el poder de los Estados ante la ciudadanía: Se requiere la unanimidad en ámbitos tan importantes para los ciudadanos como la defensa y política exterior, la fiscalidad, aspectos de carácter social, la lucha contra el fraude
5.- El reparto de poder: El proyecto de Constitución continúa con la línea iniciada en la Cumbre de Niza, la política de consensos desaparece de muchas áreas sustituyéndose por las mayorías y "cooperaciones reforzadas", que permiten avanzar a unos países en determinados aspectos más que otros. Además, el polémico reparto de votos, aunque se propone bajo una argumentación válida (que tengan más votos los países que tienen mayor población), realmente busca favorecer claramente a Alemania y, en menor medida, a Francia, Reino Unido e Italia. Si el argumento demográfico fuese real Alemania tendría que estar pidiendo un voto ponderado por la población en organismos como la ONU o el Fondo Monetario Internacional.
6. Existen graves dificultades para su reforma: La modificación del Tratado requiere la unanimidad de los Estados, que cuentan por tanto con derecho a veto. Esto implica la practica imposibilidad de intentar reformas en el texto una vez aprobado y por lo tanto de avanzar a mejorar sus contenidos en los aspectos deficientes que estamos planteando.
7. No se apuesta por políticas fiscales homogéneas: En fiscalidad se requiere unanimidad, complicando así que se pueda hacer frente al dumping fiscal de las empresas o impidiendo el control del movimiento especulador de capitales. Tampoco se busca una fiscalidad europea progresiva y redistributiva.
8. Se avanza muy poco en las políticas comunes Exterior y de Defensa: Los Estados continúan con derecho a veto, mientras se consagra el compromiso de la Unión Europea con la OTAN, algo difícilmente justificable pues ni siquiera se trata de una institución europea.
9. No reconoce a las Regiones europeas con poder legislativo: Ha desaparecido del Tratado cualquier mención al federalismo y a los Pueblos y ciudadanos de Europa. El Comité de las Regiones sigue siendo un mero órgano consultivo y con una composición heterodoxa. Las regiones europeas no podrán defender sus intereses directamente en las instituciones de la Unión, quedando todo en manos de los Estados.
10. Se avanza poco en materia de subsidiariedad: Las regiones europeas con poder legislativo, para poder tener voz en asuntos de su propia competencia, necesitarán el visto bueno de los Parlamentos estatales.
Respecto a estos aspectos nacionales de los pueblos que componen los Estados, es claro que la constitución europea esta hecha por los Estados miembros y para los Estados miembros. Se habla de la defensa de las minorías nacionales, del respeto a la diversidad cultural y lingüística y existe el Comité de las Regiones como órgano consultivo, formado por los entes regionales y locales titulares de mandato electoral. Pero nada que ver con propuestas de reconocimiento de esas realidades nacionales por parte de la Unión, tal y como se perseguía en la Europa de los pueblos. En cualquier caso, parece utópico que la Unión, que no es otra cosa que la unión de sus Estados miembros, reconozca naciones que los propios Estado miembros no reconocen.
Sin embargo, TC no considera que esta Constitución y la Unión representase ningún problema para el desarrollo de aspectos nacionales o plurinacionales dentro de los Estados miembros siempre que esa sea la concepción territorial y constitucional del propio Estado. Si la España Autonómica avanzase hacia una España Federal que reconozca los hechos nacionales que, como el castellano, en ella conviven, Europa no pondría ningún problema en reconocer esas realidades que la propia España, como Estado miembro, reconoce. La participación de estos pueblos en la Unión se articularía conforme se acordase internamente entre el estado Español y sus propios entes nacionales, al estilo de como viene ocurriendo en Estados Federales del estilo de Alemania.
En definitiva, para TC valora positivamente el esfuerzo realizado como primer paso para avanzar en la obtención de un texto constitucional Europeo pero entiende que el resultado obtenido es decepcionante y queda alejado de que se merece Europa y los Europeos. Este Tratado de Constitución Europea es un texto disfrazado de falso europeismo para profundizar en una Europa burocrática y economicista alejada del ciudadano, con unos planteamientos sociales débiles, supeditada en algunos aspectos, como el de política exterior, a intereses ajenos y alejada de la Europa de los ciudadanos que defendemos. Un Tratado que no posiciona a Europa en el papel de referente político y social que necesita el mundo para generar alternativas que contrarresten concepciones socio-económicas que anteponen sin pudor intereses de todo tipo a la persona y sus derechos.
Por estos motivos TC va a optar por solicitar votar NO a esta Constitución, porque creemos que otra Europa es posible, una Europa de los ciudadanos y no de los burocratas y mercaderes. TC considera que decir NO a esta constitución, es decir SI a la Europa en la que creemos. Decir NO supone fomentar el debate sobre el modelo de construcción europea y es la opción de quienes no se conforman con este modelo y quieren más Europa. Porque creemos que otra Europa es posible, queremos otra Europa con otra Constitución europea. Europa si, pero no con este Tratado.
Frente a la campaña del miedo que promueven los gobiernos europeos presentando la derrota del Sí como el caos o el regreso al Tratado de Niza, TC defiende un NO consciente de que es más europeísta exigir un nuevo texto más ambicioso que conformarse con el mal menor de este Tratado constitucional alicorto. TC defiende un NO constructivo que busca promover una reforma seria para construir una Europa más democrática y más progresista. En suma, TC defiende el NO de los que quieren más Europa
Desde esta perspectiva, los hombres y mujeres de TC siempre hemos visto con entusiasmo el proyecto de una Constitución Europea que avance en la unidad de sus pueblos y en la profundización de los valores de progreso, libertad y desarrollo que han caracterizado a Europa, de forma que la Unión Europea se constituya en un referente mundial con políticas activas a favor de la paz, de la solidaridad y el desarrollo de los pueblos, en la extensión de los principios y valores de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos, del respeto y protección del medio ambiente dentro de una estrategia global de desarrollo sostenible, y en la preservación, difusión y conocimiento de todas las culturas desarrolladas por los pueblos de la tierra.
Sin embargo, analizando el Tratado Constitucional que se nos presenta a votación tenemos que reflexionar sobre algunos aspectos que nos parece que lo alejan de ser la verdadera Constitución democrática y social, que desde TC defendemos y que merecemos los Europeos:
1.- La Unión es un proyecto económico, no social: El modelo de Constitución da rango de ley al modelo económico neoliberal que venía desarrollando la UE, avanzando en el plano de la economía financiera, subordinando al mismo cualquier política social o ambiental y persistiendo en el desmantelamiento de los servicios públicos (como se desarrolla en el apartado III de la Constitución). Ofrecen un clarificador contraste el desarrollo y los detallados métodos de llevar a cabo las medidas económicas; frente la descripción genérica y no evaluable de las políticas ambientales y sociales.
Se plantea, por lo tanto, un modelo social débil (el derecho a la salud o a la igualdad son meros objetivos y no valores de la Unión, p.e.) que siempre queda flanqueado por objetivos y principios de carácter neoliberal. Las políticas sociales referidas a seguridad social y protección laboral y social de los trabajadores se ven limitadas por la exigencia de la unanimidad y no se garantizan los mínimos de un estándar social europeo.
2.- Se devalúan los derechos sociales reconocidos en las Constituciones de los Estados de la Unión: La Carta de Derechos Fundamentales es un reconocimiento, en general, por lo bajo de los derechos que se reconocen en los Estados miembros. No plantea la igualdad de género como principio Constitucional. No recoge el derecho al trabajo sino el derecho a trabajar; ni el derecho a una vivienda digna y adecuada sino una simple ayuda en materia de vivienda, ni reconoce plenos derechos de ciudadanía para nacionales de terceros países en situación de residencia, entre otros ejemplos. Mientras los derechos civiles, políticos y patrimoniales se contemplan como verdaderos derechos, los derechos sociales quedan relegados a meros principios.
3.- Es un proyecto alejado del ciudadano y la democracia participativa: La Unión esta conducida por un poder político que se escapa al control democrático de la ciudadanía europea. Las principales instituciones de la UE, como la Comisión (donde los miembros se eligen a dedo por los gobiernos) y el Consejo (formado por los ministros y primeros ministros), toman decisiones sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. Otras, como el Banco Central Europeo, ni siquiera tienen que rendir cuentas a nadie. La única institución donde la ciudadanía europea tiene representación directa, el Parlamento Europeo, apenas tiene poder real. Es decir, que el proyecto de la UE está muy lejos de acercarse a la democracia participativa que anhelamos. Al carecer de control político por parte de la ciudadanía, la UE toma decisiones presionada por las patronales europeas que favorecen sus intereses sin tener en cuenta sus efectos sobre la población y el medio ambiente.
No establece una clara diferenciación de poderes, refuerza la autonomía del Banco Central Europeo y mantiene la preeminencia en la toma de decisiones del Consejo Europeo. El Parlamento Europeo aumenta algo su poder, pero sigue siendo una figura secundaria, lo que se traduce en una democracia parlamentaria ficticia. Desarrolla los mecanismos policiales y de control social al servicio de un previsible aumento de la represión.
Además, las consultas populares sobre el proyecto europeo brillan por su ausencia, llegándose al caso de que la mayoría de Estados no tienen previsto ningún referéndum para aprobar la Constitución.
4. Aumenta el poder de los Estados ante la ciudadanía: Se requiere la unanimidad en ámbitos tan importantes para los ciudadanos como la defensa y política exterior, la fiscalidad, aspectos de carácter social, la lucha contra el fraude
5.- El reparto de poder: El proyecto de Constitución continúa con la línea iniciada en la Cumbre de Niza, la política de consensos desaparece de muchas áreas sustituyéndose por las mayorías y "cooperaciones reforzadas", que permiten avanzar a unos países en determinados aspectos más que otros. Además, el polémico reparto de votos, aunque se propone bajo una argumentación válida (que tengan más votos los países que tienen mayor población), realmente busca favorecer claramente a Alemania y, en menor medida, a Francia, Reino Unido e Italia. Si el argumento demográfico fuese real Alemania tendría que estar pidiendo un voto ponderado por la población en organismos como la ONU o el Fondo Monetario Internacional.
6. Existen graves dificultades para su reforma: La modificación del Tratado requiere la unanimidad de los Estados, que cuentan por tanto con derecho a veto. Esto implica la practica imposibilidad de intentar reformas en el texto una vez aprobado y por lo tanto de avanzar a mejorar sus contenidos en los aspectos deficientes que estamos planteando.
7. No se apuesta por políticas fiscales homogéneas: En fiscalidad se requiere unanimidad, complicando así que se pueda hacer frente al dumping fiscal de las empresas o impidiendo el control del movimiento especulador de capitales. Tampoco se busca una fiscalidad europea progresiva y redistributiva.
8. Se avanza muy poco en las políticas comunes Exterior y de Defensa: Los Estados continúan con derecho a veto, mientras se consagra el compromiso de la Unión Europea con la OTAN, algo difícilmente justificable pues ni siquiera se trata de una institución europea.
9. No reconoce a las Regiones europeas con poder legislativo: Ha desaparecido del Tratado cualquier mención al federalismo y a los Pueblos y ciudadanos de Europa. El Comité de las Regiones sigue siendo un mero órgano consultivo y con una composición heterodoxa. Las regiones europeas no podrán defender sus intereses directamente en las instituciones de la Unión, quedando todo en manos de los Estados.
10. Se avanza poco en materia de subsidiariedad: Las regiones europeas con poder legislativo, para poder tener voz en asuntos de su propia competencia, necesitarán el visto bueno de los Parlamentos estatales.
Respecto a estos aspectos nacionales de los pueblos que componen los Estados, es claro que la constitución europea esta hecha por los Estados miembros y para los Estados miembros. Se habla de la defensa de las minorías nacionales, del respeto a la diversidad cultural y lingüística y existe el Comité de las Regiones como órgano consultivo, formado por los entes regionales y locales titulares de mandato electoral. Pero nada que ver con propuestas de reconocimiento de esas realidades nacionales por parte de la Unión, tal y como se perseguía en la Europa de los pueblos. En cualquier caso, parece utópico que la Unión, que no es otra cosa que la unión de sus Estados miembros, reconozca naciones que los propios Estado miembros no reconocen.
Sin embargo, TC no considera que esta Constitución y la Unión representase ningún problema para el desarrollo de aspectos nacionales o plurinacionales dentro de los Estados miembros siempre que esa sea la concepción territorial y constitucional del propio Estado. Si la España Autonómica avanzase hacia una España Federal que reconozca los hechos nacionales que, como el castellano, en ella conviven, Europa no pondría ningún problema en reconocer esas realidades que la propia España, como Estado miembro, reconoce. La participación de estos pueblos en la Unión se articularía conforme se acordase internamente entre el estado Español y sus propios entes nacionales, al estilo de como viene ocurriendo en Estados Federales del estilo de Alemania.
En definitiva, para TC valora positivamente el esfuerzo realizado como primer paso para avanzar en la obtención de un texto constitucional Europeo pero entiende que el resultado obtenido es decepcionante y queda alejado de que se merece Europa y los Europeos. Este Tratado de Constitución Europea es un texto disfrazado de falso europeismo para profundizar en una Europa burocrática y economicista alejada del ciudadano, con unos planteamientos sociales débiles, supeditada en algunos aspectos, como el de política exterior, a intereses ajenos y alejada de la Europa de los ciudadanos que defendemos. Un Tratado que no posiciona a Europa en el papel de referente político y social que necesita el mundo para generar alternativas que contrarresten concepciones socio-económicas que anteponen sin pudor intereses de todo tipo a la persona y sus derechos.
Por estos motivos TC va a optar por solicitar votar NO a esta Constitución, porque creemos que otra Europa es posible, una Europa de los ciudadanos y no de los burocratas y mercaderes. TC considera que decir NO a esta constitución, es decir SI a la Europa en la que creemos. Decir NO supone fomentar el debate sobre el modelo de construcción europea y es la opción de quienes no se conforman con este modelo y quieren más Europa. Porque creemos que otra Europa es posible, queremos otra Europa con otra Constitución europea. Europa si, pero no con este Tratado.
Frente a la campaña del miedo que promueven los gobiernos europeos presentando la derrota del Sí como el caos o el regreso al Tratado de Niza, TC defiende un NO consciente de que es más europeísta exigir un nuevo texto más ambicioso que conformarse con el mal menor de este Tratado constitucional alicorto. TC defiende un NO constructivo que busca promover una reforma seria para construir una Europa más democrática y más progresista. En suma, TC defiende el NO de los que quieren más Europa
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